Las autoridades deben admitir que hubo una desmedida aplicación de la ley y se equivocaron al arrestar a Lizelle Herrera
La hispana recibió atención mediática luego de ser acusada, tendenciosamente, por “haberse provocado” un aborto. Nunca debió ser detenida.
OPINIÓN
El nombre de Lizelle Herrera, acompañado de su ficha policial que registra su arresto, ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos días y todo parece indicar que lo seguirá siendo, al menos en Texas.
La hispana de 26 años fue arrestada el 7 de abril acusada de asesinato por practicarse un —hipotético— aborto en enero, según la Fiscalía del condado Starr (Texas), que además sugirió se le imponga una fianza de medio millón de dólares.
Pero esa versión, la del aborto inducido, que al principio tomó mucha fuerza, se fue desmoronando con el pasar de los días.
De acuerdo con Rockie González, de la organización La Frontera Fund, Herrera fua admitida en un centro de salud en enero por un aborto espontáneo, y fue el personal de ese hospital el que reportó el testimonio de su paciente a las autoridades locales, quienes, a su vez, se encargaron de escalar lo que ellos entendieron era un delito.
—El código penal de Texas exonera a un individuo de algún castigo cuando intenta proteger a su propio feto de algún daño. Entonces, su arresto es inválido desde un principio y lo único que provoca es generar temor entre la población que quiera compartir información con algún personal médico para que salve una vida.https://laesquina.bulletin.com/common/referer_frame.php
Sin embargo, pasaron dos meses. Un jurado especial o gran jurado determinó, con la complicidad de algunos de los empleados del hospital donde se atendió Herrera y la venia de al menos un detective investigador, que existían suficientes evidencias para continuar con el proceso acusatorio.
¿Entonces, por qué ahora dejan sin efecto esos cargos? La explicación que ofrece al respecto Gocha Ramírez, fiscal del condado Starr, en un comunicado con fecha del 10 de abril (donde detalla que retirará los cargos a Herrera), es ambigua.
En los primeros párrafos, señala que “al revisar las leyes vigentes en Texas, es claro que Herrera no puede ni debe ser juzgada por los cargos que se le imputan”.
Luego, insiste en que su departamento actuó e investigó el suceso de acuerdo con la información recibida por el hospital correspondiente e “ignorarla hubiera sido un acto negligente”.Want to get more out of your subscription?Upgrade to get access to exclusive benefits.Upgrade
Y en un intento por despojarse de alguna responsabilidad y quizás de una premonitoria demanda judicial, señala que el caso “tiene elementos claramente contenciosos, pero que basados en las leyes que rigen Texas y las pruebas presentadas, no se trata de un asunto criminal”.
Quizás Ramírez haga referencia tácita a las leyes que entraron en vigor hace apenas unos meses. La Legislatura de Texas aprobó dos propuestas de ley que restringen el aborto: la SB-8, que penaliza ese procedimiento después de las seis semanas de gestación, y la SB-4, que prohíbe a los proveedores de servicios de aborto facilitar medicamentos para interrumpir un embarazo.
La primera, la SB-8, solo permite que terceros puedan demandar a individuos que probablemente han violado las condiciones de esa ley, pero con una clara excepción: las gestantes. En el caso de la SB-4, el delito es aplicable solo al personal médico que prescribe esos medicamentos y exime de cualquier cargo criminal a las gestantes.
En los últimos cuatro días, decenas de organizaciones comunitarias y grupos que defienden a los inmigrantes y al derecho al aborto se movilizaron y participaron en varias protestas que pedían la liberación inmediata de Herrera.
En las redes sociales, el pedido era llamar por teléfono y enviar correos electrónicos de forma masiva a las oficinas del alguacil de ese condado para exigir la libertad de Herrera, quien, a su parecer, había sido detenida y arrestada de forma inconstitucional.
Herrera salió en libertad el sábado 9 de abril, tres días después de su detención. Su caso debe servir como lección para que no se repita algo semejante. No porque se trata de una mujer hispana que vive en uno de los lugares del país con menos acceso a la salud reproductiva, sino por la mala aplicación de la ley que parece ser que se realizó a la ligera. Las autoridades deben admitir que se equivocaron.
Lo más lógico es que, si una mujer busca ayuda médica, se dirija sin el más mínimo reparo al lugar más indicado para hacerlo: a un hospital, para que le brinden una camilla y le agarren las muñecas para tomarle el pulso y no para que le enganchen las esposas.
