Pro-Búsqueda: la desaparición forzada de menores tuvo como cómplices a abogados, funcionarios e instituciones del Estado

SEGUNDA PARTE (Lee la primera parte)

La asociación Pro-Búsqueda sigue siendo una organización dedicada a las víctimas, aunque en la actualidad también existe una participación de esos hombres y mujeres (niños y niñas entonces) que fueron extraídos de sus familias y posteriormente reencontrados con sus seres queridos.

De acuerdo con Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda, lo que sigue impulsando a la organización —compuesta por una junta directiva cuyos miembros representan a todas las comunidades afectadas por la desaparición forzada durante el conflicto armado en El Salvador— es el ímpetu por no olvidar y seguir indagando para dar con el paradero de cientos de menores que aún continúan desaparecidos.

—El portal de Pro-Búsqueda anima a los que fueron dados en adopción o a los que tienen dudas de su identidad a que se realicen una prueba genética. De hecho, ustedes son los primeros en Latinoamérica en utilizar esa herramienta. ¿Cuál ha sido el grado de efectividad?

—Es allí donde necesitamos de ayuda para financiar ese proyecto. Por cada niño o niña desaparecido, tenemos que tomar pruebas a por lo menos cuatro o cinco familiares. A veces las muestras dan como resultado negativo al lazo de consanguineidad, ya sea porque los papás fueron asesinados o siguen desaparecidos. Entonces, nos queda hacer ese rastro generacional entre nietos y abuelos, entre sobrinos y tíos, y eso implica exámenes más precisos de ADN. Sostener mínimamente a un personal calificado con un salario por debajo de los estándares nacionales es muy complicado. A pesar de ello, tenemos un índice de éxito de entre 15 a 18 casos anuales resueltos. De los 463 de estos casos, solo el 18 por ciento lo hemos logrado a través del ADN. Seguimos siendo una organización que le apuesta a la vida.

—¿Dónde se concentra la mayoría de los casos de menores que fueron sustraídos, luego dados en adopción y llevados al extranjero?

—Digamos que hay un gran bloque de casos en Estados Unidos como también en Italia y Francia. Hemos encontrado ya en menor cantidad jóvenes dentro del país, así como en Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala, Costa Rica, Reino Unido, Alemania, España, Holanda, Australia, entre otros.

—¿Existe alguna explicación lógica de por qué, por ejemplo, a Estados Unidos, Francia e Italia?Want to get more out of your subscription?Upgrade to get access to exclusive benefits.Upgrade

—Sí. Hemos descubierto redes de abogados que operaban exclusivamente en esos territorios. Uno de ellos se dedicaba a adopciones (más de 600) solo en Estados Unidos. Otro abogado tramitaba estrictamente adopciones a Italia y otra catedrática que también lo hacía solo a Francia. Pero también hemos identificado a una red de jueces y funcionarios públicos que participaron en estas adopciones. Tenemos un listado de más de 40 de ellos.

—¿Falta mucho por hacer? ¿Cuál ha sido la disposición del gobierno de turno o de los anteriores?

—La Procuraduría General de la República tiene más de 35,000 expedientes relacionados con adopciones, y de esa cifra más de 3,000 apuntan a que se llevaron a cabo bajo la modalidad de desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Nosotros apenas funcionamos con denuncias que interponen familiares o las mismas víctimas que son hoy adultos y demandan al Estado. Y por eso tenemos una tercera parte de lo que creemos es el total de casos. Yo esperaría que el Estado salvadoreño de una vez por todas, después de 30 a 40 años de ocurridos estos hechos, se tomara en serio estas investigaciones, porque hasta la fecha nunca lo ha hecho.

—¿Nunca lo ha hecho?

—Y si lo ha hecho, ha sido con fines humanitarios. Simplemente porque una madre encuentra a su hijo, pero en ningún momento ha habido la intención de investigar, de profundizar y de sancionar al responsable para garantizar que un crimen tan atroz como este se repita en el país. La desaparición forzada de menores tuvo como cómplices a abogados, funcionarios e instituciones del Estado.

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Pro-Búsqueda recibe financiación de parte de organismos nacionales e internacionales y de filántropos particulares que sostienen a un equipo técnico constituido por un abogado, un par de psicólogas e investigadores.

En su portal hay testimonios desgarradores de padres que han podido encontrar a sus hijos y viceversa. En la gran mayoría de los casos, ha sido un largo y doloroso proceso que a veces no termina con la localización del ser querido.

El fragmento de una carta escrita por un padre a la hija que le fue arrebatada es un ejemplo lacerante de un penoso episodio en la vida de estas personas:

—“Hija, hace aproximadamente 16 años sucedió una tragedia debido a una guerra civil que había en mi país, El Salvador. Cuando esto sucedió, tú tenías once meses…tu madre y yo te cuidábamos mucho. Desde ese día, 6 de noviembre de 1981, hemos sufrido mucho por esta tragedia…era de madrugada y la casa donde estábamos la rodeó el ejército y gritaban “salgan mujeres, ustedes son las mujeres de estos guerrilleros”. Vi a mi esposa sacarte de una hamaca y salir sin decirme nada. También, otra madre tomó a sus hijos. Alfredo y yo permanecimos dentro de la casa. Recuerdo que pasaron como cinco minutos: con Alfredo decíamos que nos llegó el día, nunca creí que iba a salir de allí con vida. Salí, vi por última vez a mi esposa…todo era muy difícil, escuché muchos disparos sobre mí, corrí, caí al suelo, me levanté, encontré a otro grupo de soldados que me hirieron la nariz…”.