Las nuevas estrategias diseñadas para persuadir a los inmigrantes a que soliciten refugio en EE. UU. son “injustas”

Segunda parte

Las autoridades migratorias han dado a conocer cambios estratégicos para que, de forma temporal, los fiscales o jueces de inmigración procedan con la denominada “discrecionalidad para decidir” en los casos de inmigrantes que han solicitado asilo y que “no son considerados como una prioridad para la deportación”.

La maniobra busca desacelerar el número de casos que se encuentran acumulados en las cortes de inmigración del país (más de 1,7 millones) cuando a partir del 23 de mayo quede sin efecto el Título 42, una normativa impuesta por el gobierno anterior para expulsar de forma inmediata a los inmigrantes que buscan refugio por la frontera sur.

Aunque un magistrado ha bloqueado temporalmente el plan para acabar con el Título 42, los nuevos cambios sobre “discrecionalidad” pueden ejecutarse.

Una medida que, según Sheila Rivera, abogada de inmigración en Houston (Texas), es “injusta porque perjudica a inmigrantes” que esperan una respuesta a su proceso.

—No tiene sentido. Es decir, todo esto es para disuadir a los inmigrantes a que no vengan.

Esa sección de la nueva reglamentación a la que hace referencia Rivera agiliza el proceso de las personas que han entrado recientemente, como en el caso del colombiano Juan Ganoza y su novia, que entraron por la frontera para solicitar asilo (lee la primera parte).

La experta asegura que, bajo la reglamentación federal, una persona que entra a territorio estadounidense de manera irregular por la frontera y pide asilo tiene 150 días desde el momento en que presenta su petición para ser elegible al permiso de trabajo.

—Lo que ellos [el Gobierno] están tratando de hacer es ver el caso en menos de 150 días para que nunca califiquen para ese permiso laboral. Y de esa forma disuaden la entrada ilegal.

Si un peticionario de asilo o refugio, como Ganoza, no cuenta con un pariente que lo reclame como familiar inmediato, enfrentará un proceso de deportación expedito.

De acuerdo con Rivera, en menos de cinco meses el caso de Ganoza estaría resuelto con la intención de que nunca pueda acumular el derecho a pedir el permiso de trabajo y se le procese entonces una orden de deportación.

—Eso no impide que existan otras formas de ajustar su estatus legal, como casarse con una ciudadana, porque al hacerlo tiene que invertir más dinero, tiene que invertir más en solicitudes, tiene que pedir un perdón por haberlo deportado y tiene que pedir un perdón por haber entrado de forma irregular.

Ese proceso alternativo podría demorar entre cuatro a cinco años.

Según Rivera, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración junto a otras organizaciones, como Caridades Católicas y el Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN), van a presentar un pedido de nulidad de esa cláusula.

Así como está establecido, el peso de la migración tendrá un efecto contrario a lo que espera el Gobierno con esas medidas, según la abogada.

—Porque la gente va a seguir pidiendo ajustar su estatus legal debido a que las condiciones de su país seguirán siendo inferiores a las que tenemos aquí. ¿Y entonces con quién van a tener retrasos? Va a haber una explosión de solicitudes de matrimonio o de hijos mayores de 21 años que quieren pedir la residencia de su padre indocumentado. Esa va a ser la urgencia.