El revés judicial de un padre guatemalteco separado de su hijo, presunta víctima de abuso sexual en albergue de Nueva York

“ELA” es el padre y “OLC” es su hijo de 17 años. Así se les identifica a ambos —los demandantes— en los documentos de una querella judicial presentada en 2020 en la corte del distrito oeste de Washington en Seattle.

ELA es un activista político de Guatemala que aparentemente recibía amenazas constantes de muerte por sus gestiones como defensor de los derechos indígenas de su país. Huye con su hijo OLC con la intención de buscar refugio y asilo.

Ingresan a Estados Unidos por la zona fronteriza de McAllen, en Texas, el 18 de enero de 2018. Luego de ser procesados por efectivos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, son trasladados a un centro de detención.

En menos de 48 horas, ELA tiene una audiencia maratónica por ingresar de forma ilegal a territorio estadounidense. Como resultado, el gobierno determina que OLC, el hijo, es un “menor extranjero no acompañado” y, como tal, debe pasar a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

El 20 de junio, dos días después de su entrada a EE. UU., OLC es enviado de Texas a Nueva York al albergue de varones Lincoln Hall Boys’ Haven, asociado con Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, entidad que mantiene desde hace años un acuerdo contractual con la ORR.

Un mes más tarde, las autoridades envían a ELA, el padre, a Nueva York. Le dicen que se reencontrará con su hijo, pero al día siguiente lo suben a un avión y es deportado a Guatemala.

OLC se queda en el refugio de Nueva York en donde, aparentemente, es víctima de abuso sexual, según la demanda. La ORR documenta los hechos a través de “Informes de Incidentes Graves”.

En marzo de 2019, ELA reingresa por un puesto fronterizo de California gracias a una orden judicial que permite el reencuentro familiar de los padres e hijos que habían sido separados sin su consentimiento.

OLC y ELA logran reunirse después de nueve meses y elijen quedarse en el estado de Washington. Demandan al gobierno estadounidense por negligencia al separar al padre de su hijo, sobre todo porque luego fue víctima de agresión sexual en un recinto administrado por una organización que recibe fondos federales.

Además de la negligencia relacionada con la separación familiar, la querella incluye reclamos por infligir intencionalmente angustia emocional y abuso del proceso. Piden una compensación de 6 millones de dólares.

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Esta semana, casi cuatro años después del arribo de ELA y OLC, un tribunal desestima la demanda por abuso del proceso y negligencia por separación familiar.

“Un reclamo de abuso de proceso requiere que sea demostrable después de su emisión… Sin señalar que el uso del proceso en sí fue ilegal, se debe desestimar tal demanda”, escribe el juez de distrito Richard A. Jones.

El magistrado sostiene, además, que ELA no puede demostrar abuso del proceso cuando “fue acusado de ingresar ilegalmente al país”.

Otro factor que toma en consideración el juez para desestimar las acusaciones de los daños causados por la separación de OLC de ELA y procesarlo como un “menor no acompañado” es que la demanda no puede demostrar un daño físico “como resultado de esa separación”.

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Alrededor de 5,500 niños fueron separados abruptamente de sus padres durante el gobierno de Trump, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Al 17 de marzo de 2022, el gobierno estadounidense ha logrado reunificar a 2,331 menores con sus padres o apoderados, según el último informe del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar (creado durante el gobierno de Joe Biden).

La misma fuente señala que para entonces habían identificado a un total de 373 menores cuyos trámites de reunificación se encontraban en pleno proceso. Sin embargo, existen 1 139 niños que no cuentan aún con la misma suerte.

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ELA vive con OLC y otro hijo menor de edad en Washington. Vive y trabaja legalmente en los EE. UU., mientras que OLC estudia y tiene permiso laboral. Ambos esperan una decisión a sus solicitudes de asilo.