Acusan al condado Santa Clara en California de racismo sistemático por los casos de indocumentados arrestados por delitos sexuales

Parece como si nadie los tomara en cuenta. En las pequeñas marchas de protesta que han organizado en las afueras de la cárcel del condado Santa Clara (California), están ausentes las cámaras de televisión o algún reportero que busque entrevistarlos. Ni siquiera un flash que les ilumine el rostro, aunque sea por una centésima de segundo.

Las pocas imágenes de sus actividades las toman ellos mismos con sus celulares, que luego las cuelgan en la página que tienen en internet. Lo hacen con cautela por el temor a que la sociedad los humille ante las presuntas acusaciones imputadas a sus seres queridos.

Se llaman 1Life1Vida, una organización que ellos mismos formaron para documentar y analizar el grave problema que su comunidad atraviesa. Al principio, eran cuatro familias las que compartían el mismo dolor: tener a un familiar preso por un delito sexual. Luego, llegaron a ser 40; hoy superan las 50.

Debido al estigma social que el tema conlleva y a las represalias que podrían perjudicar a los acusados y a sus familiares, el grupo prefiere mantener sus nombres —el de ellos y de los detenidos— bajo cierta reserva.

—Nos hemos comunicado con varios medios de comunicación, pero en cuanto escuchan los cargos de las acusaciones nos dicen: “deja, hablo con mi jefe y luego te aviso si podemos ayudarte”. Y nunca recibimos respuesta porque desafortunadamente la sociedad ya los condenó —señala una de las organizadoras de 1Life1Vida (que prefiere el anonimato) acerca de un familiar detenido en el condado Santa Clara.

En un informe que la misma organización redactó bajo la supervisión y edición de dos abogados de carrera, titulado The Failed Forty, dan a conocer las conclusiones de una serie de encuestas y entrevistas exhaustivas efectuadas a 40 detenidos entre 2019 a 2021.

“Los hombres que participan en nuestro estudio y que se encuentran arrestados han demostrado ser personas trabajadoras y respetuosas de la ley. Todos son padres de familia y en muchos casos son los únicos proveedores de sus familias aquí y en México. Ninguno es exconvicto, delincuente o reincidente. Muchos ni siquiera han recibido una multa de tránsito y mucho menos han interactuado alguna vez con la policía o el sistema penitenciario”, señala el documento.

De acuerdo con el análisis de 1Life1Vida, todos los encuestados detenidos se encuentran en fase preparatoria complementaria (pre-trial) de su proceso penal, es decir, en pocos casos se ha resuelto la admisión de pruebas y tampoco se ha iniciado un juicio oral.

“Los casos involucran a hombres hispanos acusados falsamente de agresión física o sexual por parte de un familiar o conocido. El 100% de los casos solo presentan acusaciones verbales y el 100% indica que no existe evidencia física contundente”, agrega el informe.Want to get more out of your subscription?Upgrade to get access to exclusive benefits.Upgrade

Otra de las conclusiones que el grupo señala en ese documento es que los detenidos, sin excepción, mantienen su inocencia frente los cargos imputados y que las denuncias a menudo ocurren durante circunstancias sospechosas “cuando [los detenidos] se encuentran en sus puntos más vulnerables”.

Por ejemplo, cuando “padecen de una enfermedad, sus parejas salen embarazadas o han dado a luz, hay un divorcio en proceso, existen problemas maritales por desempleo, batallas judiciales por la custodia de uno de los hijos o hay de por medio una disputa económica”.

Pero, ¿dónde empieza todo? Según The Failed Forty, inicia en el reporte policial donde la presunta víctima “acusa falsamente” con dos “intenciones claras”, que el acusado se quede o que se vaya, usando como chantaje amenazas como “si no me das dinero, no podrás ver a tus hijos”, “si me dejas, le diré a la policía que me golpeaste” o “si no me das lo que te pido, haré que te deporten”.

Otro de los patrones que según el estudio realizado por esta organización encontró es que a las presuntas víctimas, cuyo estatus migratorio es irregular, les ofrecen Visas U, un amparo que conlleva a la residencia permanente.

Además, el informe explica que el Servicio de Protección al Menor (CPS) recomienda a la madre de los menores a que presente un reporte policial detallado del incidente, “aun cuando sea falso y confiesan luego que mintieron”, o de lo contrario perderían la patria potestad de sus hijos.

Asimismo, asegura que la barrera del idioma ha provocado una malinterpretación de las declaraciones de los investigados, como la falta de un intérprete calificado en las cortes donde comparecieron los acusados cuando fueron detenidos.

En sus conclusiones, la organización acusa al condado Santa Clara de mantener un sistema judicial fallido y practicar un racismo sistemático.

—La mayoría del grupo de nosotras tiene temor de salir en público no solo por el tema, sino también por su estatus migratorio. Pero ninguno de estos muchachos tiene antecedentes criminales, ni siquiera una multa por conducir a alta velocidad. Aquí hay algo más grande que las acusaciones. Queremos una investigación, pero nadie nos hace caso. Cualquiera de estos muchachos podría ser el esposo de uno, podría ser tu papá, tu hijo, tu hermano. ¿O no?

Lee la segunda parte a partir del viernes 13 de mayo, 2022

1