Gobiernos locales en Texas buscan proteger a sus residentes de los tentáculos de leyes que criminalizan el aborto
En otras palabras, quieren que las autoridades policiales no investiguen casos de personas que buscan abortar o de organizaciones que llevan a cabo esas prácticas.
Tras el fallo de la Corte Suprema que elimina la protección federal del derecho al aborto, algunos estados como Texas podrán implementar casi de inmediato sus propios estatutos que criminalizan la interrupción del embarazo.
Algunas entidades, entre gobiernos municipales, incluidas las fiscalías de varios condados, ya han hecho públicas sus intenciones de no acatar las leyes estatales que prohíben el aborto después de las seis semanas de gestación (aún en casos de violación sexual e incesto), un periodo en el que muchas mujeres no saben que están embarazadas.
Las legislaciones aprobadas el año pasado permiten que los particulares, y no los funcionarios estatales, puedan aplicar la ley, abriendo la puerta a que cualquier persona esté habilitada para presentar demandas civiles contra las entidades o servidores que ayuden a abortar a una mujer, al mismo tiempo que estipula una recompensa de hasta 10,000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Estados como el vecino Oklahoma, Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin han aprobado legislaciones similares a Texas que prohíben el aborto en cuanto se detecte actividad cardíaca fetal.
En Oklahoma, por ejemplo, la ley incluye restricciones a personas de otros estados, como las tejanas, que buscan, por su proximidad, abortar en ese estado debido los tentáculos de la SB 8 y la HB 120.
Por el momento, solo unas cuantas ciudades en Texas han dado a conocer sus intenciones de aprobar decretos que desautorizan a las leyes en mención.
Austin es una de ellas. La medida municipal incluye despenalizar cualquier cargo criminal y también bloquearía el uso de cualquier financiamiento para “el intercambio de información” o “recopilación de datos” relacionada con los servicios de aborto y otras decisiones de salud reproductiva.
En otras palabras, ordenaría a las autoridades policiales a que no investiguen casos de personas que buscan abortar o de organizaciones que se encarguen de ofrecer los recursos para llevar a cabo ese procedimiento.
Los miembros del cabildo de Austin (Texas) —integrado por nueve demócratas y un republicano— se encuentran en receso hasta fines de julio, pero al parecer adelantarían una sesión extraordinaria en los próximos días para poner a votación la resolución municipal bautizada como el Grace Act (Guarding the Right to Abortion Care for Everyone Act).
Otra ciudad que busca una medida similar es la ciudad de Denton, al norte de Dallas (Texas). Alison Maguire, concejal del Distrito 4 de la ciudad de Denton, solicitó la semana pasada la inclusión de una resolución en la agenda municipal que podría votarse tan pronto como este martes 28 de junio.
“Los habitantes de nuestra comunidad no quieren que el gobierno interfiera en sus decisiones médicas privadas, y no quieren que sus impuestos sean destinados para investigar esas decisiones médicas privadas o las de sus vecinos”, sostiene el documento con la propuesta de Maguire y otros concejales.
Al igual que Austin, Denton no quiere que sus fondos sean destinados para “realizar vigilancia o recopilar información relacionada con cualquier individuo, organización, ubicación, vehículo, acción, registro financiero o actividad en Internet” con el fin de determinar un aborto de uno de sus residentes.
Los gobiernos municipales, y los otros que se sumen con decretos similares, serán blancos directos de posibles demandas judiciales.
José Garza, fiscal general del condado Travis, donde se encuentra Austin, ha mencionado que no procesará casos contra individuos que practican u obtengan abortos. Las fiscalías de los condados Bexar, Dallas, Fort Bend y Nueces han mencionado información similar.
La titular de la Fiscalía del condado Harris, Kim Ogg, criticó en un comunicado la decisión del Tribunal Supremo con relación a Roe v. Wade, pero fue más cautelosa que sus pares:
“La criminalización de la salud reproductiva causará un gran daño a las mujeres en Estados Unidos. Los fiscales y la policía no tienen ningún papel en los asuntos entre médicos y pacientes. Como en todos los casos, evaluaremos los hechos y tomaremos decisiones caso por caso”.
Pero para el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, la eliminación de la ley que protegía el derecho al aborto a nivel federal es clara y hará todo lo que está a su alcance para procesar judicialmente a los que no la acaten.
“…haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los no nacidos y defender las leyes estatales debidamente promulgadas por la Legislatura de Texas”, sentenció Paxton en un comunicado.
