
Padres de los estudiantes asesinados en Uvalde exigen una reforma legislativa sobre armas en Texas
Le piden al gobernador de Texas, Greg Abbott, que incremente la edad mínima para adquirir armas a 21 años o, de lo contrario, votarán en noviembre para que se implemente.
Brett Cross viste una camiseta con una frase en inglés que dice “Vidas robadas”. En la parte trasera de la prenda están escritos los nombres de las 21 víctimas (19 eran estudiantes) del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde (Texas).
Junto a su esposa, que sostiene un cartel con la fotografía de su hijo Uziyah García (9), uno de los niños asesinados, sube a los pasillos de la entrada principal del Capitolio en Austin, la capital del estado, donde se han congregado cientos de manifestantes para exigir al gobernador Greg Abbott que convoque a una sesión legislativa extraordinaria para incrementar la edad mínima para adquirir armas a 21 años.
—Uziyah era mi hijo y ya no está más con nosotros debido a un acto de cobardía y sin sentido relacionado a la violencia generada por las armas.
El padre comenta en su discurso haberle pedido al gobernador en persona que incremente la edad a 21.
—Y me respondió: “aun cuando la edad hubiera sido modificada a 21, nada hubiese detenido el tiroteo en Uvalde”.
El público abuchea en señal de desacuerdo con Abbott.
—Exacto, —asiente Cross— no le importa. Vamos a exigir que se cumpla [reforma legislativa] y, en todo caso, ya sabemos qué hacer en noviembre porque no le interesamos ni le interesa el bienestar de nuestros hijos.

Detrás del podio están ubicados los familiares de las víctimas con pancartas alusivas a la solicitud para que se modifique la ley vigente que permite la compra de armas de fuego a partir de los 18 años, la edad que tenía el atacante de Uvalde que irrumpió en un salón de clases con dos armas semiautomáticas.
Se escuchan canticos al unísono: “Ni uno más”, “Nunca los olvidaremos”, “Si no hay justicia, no hay paz”, “Sí se puede”.
Visiblemente afectados, los parientes de las víctimas van subiendo al estrado recordando peculiaridades de sus seres queridos. Otros, como Donnie Ray Valdez, padrastro de Anabelle Guadalupe Rodríguez (9), relató el momento exacto cuando cambió de parecer acerca del pedido para restringir la compra de armas a civiles.
—Seré breve y directo. Como simpatizante de Trump de toda la vida, lo ocurrido ese día en Uvalde cambió muchas cosas. Solo le pido a ustedes que votemos en noviembre para cambiar las leyes, porque esto es inconcebible.
La legislación tejana también permite el porte de armas de fuego en público sin licencia y sin capacitación previa.
Abbott y los republicanos argumentan que esas normativas son necesarias para garantizar el derecho constitucional a portar un arma de fuego.
Durante la firma de las legislaciones (SB-19, SB-20, SB-550, HB-957, HB-1500, HB-1927 y HB-2622) el 17 de junio de 2021 , Abbott criticó al gobierno demócrata del presidente Joe Biden de amenazar con retirarle el derecho a portar armas “a los ciudadanos respetuosos de la ley”.
—No permitiremos que eso suceda. Texas será siempre líder en la defensa de la Segunda Enmienda —que protege el derecho a portar armas de fuego—, que es por lo que hemos erigido una barrera en torno a los derechos de armas en esta sesión.

La semana pasada se supo que las familias afectadas por el tiroteo en Uvalde pretender demandar por 27,000 millones de dólares a las fuerzas del orden público que respondieron al ataque y a un fabricante de armas.
Entre los demandados figuraría la policía escolar de Uvalde, su exjefe Pete Arredondo, el Departamento de Policía de Uvalde, el Departamento del Alguacil de Uvalde, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), los Texas Rangers y la Patrulla Fronteriza.
La demanda también incluirá al fabricante de armas Daniel Defense y la tienda de armas Oasis Outback, donde el atacante compró el arma utilizada en el tiroteo.