Las autoridades de Texas informaron de varios arrestos relacionados con este caso y que «otros están pendientes dependiendo de la investigación en curso».

Divimara Lamar Nava, de 53 años y pareja de Oropesa, fue arrestada por cargos de obstaculizar la detención de un delincuente y se le asignó una fianza de 250.000 dólares.

Durante su comparencia en una audiencia preliminar, se supo qe Lamar está en el país sin documentación regular y que tiene la nacionalidad mexicana.

El fiscal del condado de San Jacinto, Todd Dillon dijo en una conferencia de prensa que Lamar estaba en el lugar donde arrestaron a Oropesa, de 38 años, acusado de la muerte de Daniel Enrique Lazo, de 9 años; Sonia Argentina Guzmán, de 25; Diana Velásquez Alvarado, de 21; Obdulia Molina Rivera, de 31, y José Jonathan Cáceres, de 18 años.

El mexicano, que enfrenta cinco cargos de homicidio calificado, fue descubierto cuando se ocultaba en un armario en la localidad texana de Cut and Shoot, a pocas millas del sitio de la matanza.

A Oropesa se la había asignado una fianza original de 5 millones de dólares, pero fue elevada a 7,5 millones en la tard del marte 3 de mayo.

Agentes fronterizos aprehendieron al sospechoso sin incidentes, indicó Troy Miller, director interino de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Por su parte el alguacil del condado de San Jacinto (Texas), Greg Capers confirmó que la persona que dio al FBI la información que condujo a la captura recibirá una recompensa de 80.000 dólares.

El viernes por la noche Oropesa estaba disparando con su fusil semiautomático en el jardín de su casa en Cleveland cuando uno de sus vecinos se le acercó y le pidió que dejara de hacer ruido porque era muy tarde y la familia, incluidos unos niños, no podía conciliar el sueño.

El hombre respondió irrumpiendo en la vivienda de sus vecinos para dispararles en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una «ejecución», de acuerdo con el informe policial.

Una de las víctimas, Diana Velásquez, tenía residencia permanente en EE.UU., mientras que el resto se encontraban en el país de forma irregular.

Según las autoridades estadounidenses, Oropesa había sido deportado a México al menos cuatro veces desde 2009.

Con información de EFE

Oropesa es un ciudadano de nacionalidad mexicana de 38 años de edad.

Greg Capers, jefe de la Oficina del Alguacil del Condado San Jacinto, dijo en conferencia de prensa que el sospechoso se encontraba oculto en el clóset de una vivienda cubierto de prendas de vestir durante su arresto que se realizó sin inconvenientes alrededor de las 7:00 p.m. hora local.

«La buena noticia es que está preso y vivirá el resto de su vida tras las rejas», sostuvo Capers, quien dijo que la aprehensión se logró gracias a una pista del público una hora y media antes de la captura de Oropesa.

El sospechoso enfrenta cinco cargos de homicidio calificado con posibilidad de enfrentar la pena de muerte y una fianza de cinco millones de dólares.

Según las autoridades, Oropesa fue recluido en la cárcel del condado Montgomery y pronto será trasladado al penal del condado San Jacinto.

LA MATANZA

El viernes por la noche estaba disparando con su fusil semiautomático en el jardín de su casa en la localidad texana de Cleveland cuando uno de sus vecinos se le acercó y le pidió que dejara de hacer ruido porque era muy tarde y la familia, incluidos unos niños, no podía conciliar el sueño.

El hombre respondió irrumpiendo en la vivienda de sus vecinos para dispararles en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una «ejecución», de acuerdo con el informe policial.

Dentro de la vivienda había 10 personas y cinco perdieron la vida. Los nombres de los fallecidos son Daniel Enrique Lazo, de 9 años; Sonia Argentina Guzmán, de 25; Diana Velásquez Alvarado, de 21; Obdulia Molina Rivera, de 31, y José Jonathan Cáceres, de 18 años.

Diana Velásquez tenía residencia permanente en EE.UU., mientras que el resto se encontraban en el país de forma irregular.

Según las autoridades estadounidenses, Oropesa había sido deportado a México al menos cuatro veces desde 2009.

Fuentes de la Embajada de Honduras en Estados Unidos confirmaron a la agencia EFE que Diana Velásquez tenía residencia permanente en el país, mientras que el resto eran indocumentados.

La delegación diplomática añadió que el consulado hondureño en Houston (Texas) «está trabajando junto a las familias para apoyarles en lo que sea necesario».

El gobernador texano anunció el domingo una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca a la captura del «criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales», un comentario criticado por activistas por estigmatizar a las víctimas.

Este lunes, una portavoz de la Oficina de la Gobernación de Texas admitió que se habían apresurado en catalogar a los migrantes asesinados como ilegales basado en información obtenida a través de las autoridades locales.

«Lamentamos si la información era incorrecta y desviaba la atención del importante objetivo de encontrar y detener al delincuente», señala el comunicado firmado por la vocera Renae Eze.

Las autoridades estadounidenses buscan todavía al autor de la matanza, identificado como Francisco Oropesa Pérez-Torres, de 38 años y nacionalidad mexicana, expulsado del país en cuatro ocasiones.

El viernes por la noche, Oropesa estaba disparando en el jardín de su casa con un fusil AR-15 cuando uno de sus vecinos se le acercó y le pidió que dejara de hacer ruido porque era muy tarde y la familia, incluidos unos niños, no podía conciliar el sueño.

Oropesa respondió irrumpiendo en la vivienda de sus vecinos para dispararles en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una «ejecución», según ha descrito la oficina del sheriff.

Dentro de la vivienda había diez personas y cinco perdieron la vida. Los nombres de los fallecidos son Daniel Enrique Lazo, de 9 años; Sonia Argentina Guzmán, de 25 años; Diana Velásquez Alvarado, de 21 años; Obdulia Molina Rivera, de 31 años, y José Jonathan Cáceres, de 18 años.

Wilson García, superviviente de la masacre que perdió a su hijo y a su esposa, declaró ante la prensa que la escena «fue horrible» y que ahora se siente como estar muerto en vida.

Según relató, las víctimas murieron protegiendo de las balas a sus dos otros hijos, de un año y medio y de un mes, respectivamente.

García tuvo que escapar por la ventana y el agresor fue tras él, pero no lo encontró dado que se escondió entre unos pinos.

Los familiares de las víctimas han abierto una cuenta de recaudación de fondos a través de Gofundme.

Con información de EFE

Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), Franscisco Oropesa Pérez-Torres fue removido del país el 17 de marzo de 2009 y luego en septiembre de ese mismo año. Posteriormente, fue aprehendido y deportado en enero de 2012 y julio de 2016.

El sospechoso fue arrestado en enero de 2012 por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y estuvo recluido en la cárcel del condado Montgomery.

Mientras tanto, más de 250 agentes buscan pistas que les permitan conocer el paradero y arrestar a Oropesa.

Este lunes, la Oficina del Alguacil del Condado Montgomery (MCSO) advirtió en su página de Facebook sobre la intervención que efectuaron sus efectivos ante la posible presencia de Oropesa en un terreno baldío. Luego de peinar el área y realizar las pesquisas del caso, las autoridades determinaron que se trató de una falsa alarma.

«Los efectivos de MCSO, unidades caninas y aéreas registraron la zona y se comprobó que no era Oropeza», según el breve comunicado publicado en la red social.

Para animar a los vecinos a colaborar, las autoridades ofrecen una recompensa de 80.000 dólares para cualquiera que pueda ofrecer información que conduzca al arresto del autor del tiroteo, identificado como Francisco Oropesa, de 38 años y de nacionalidad mexicana.

Según el FBI, el viernes por la noche, Oropesa efectuaba prácticas de tiro en el jardín de su casa con un fusil AR-15 cuando uno de sus vecinos se le acercó y le pidió que dejara de hacer ruido porque era muy tarde y la familia, incluidos unos niños, no podía conciliar el sueño.

Oropesa respondió irrumpiendo en la vivienda de sus vecinos para dispararles en el cuello y la cabeza, como si se tratara de una «ejecución», según ha descrito la policía.

El sábado, las autoridades pensaban que tenían al sospechoso acorralado en una zona boscosa cercana al lugar del tiroteo; pero, perdieron su rastro y, el domingo, tras ampliar al perímetro de búsqueda, reconocieron que no saben siquiera si el sospechoso se encuentra aún en la zona.

Sin embargo, el FBI cree que Oropesa pudo haber contactado a sus amigos para pedirles ayuda para escapar y, ahora, los agentes están intentando identificar a esos amigos para interrogarles.

Las fuerzas de seguridad ya han interrogado a la esposa del acusado «dos o tres veces» y se mantienen en contacto con ella.

El FBI y la oficina del sheriff han distribuido en redes sociales imágenes del sospechoso y, además, se han colgado en el vecindario letreros en español para pedir colaboración a la comunidad hispana del condado de San Jacinto, una zona rural de Texas con solo 27.000 habitantes.

Las autoridades deletrearon el sábado el nombre del sospechoso como «Oropeza», pero el domingo corrigieron a «Oropesa».

Dentro de la vivienda donde orurrió la masacre había diez personas y cinco perdieron la vida. Los nombres de los fallecidos son Daniel Enrique Lazo, de 8 años; Sonia Argentina Guzmán, de 25 años; Diana Velásquez Alvarado, de 21 años; Obdulia Molina Rivera, de 31 años, y José Jonathan Cáceres, de 18 años.

Según las autoridades, cuando los agentes llegaron a la vivienda se encontraron a los adultos ya sin vida, mientras que el menor fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde murió.

La Policía vio cómo dos de las mujeres fallecidas estaban en el dormitorio de la vivienda y sus cuerpos estaban encima de dos de los niños que sobrevivieron, en un aparente intento de protegerles de las balas.

Los tiroteos son cada vez más frecuentes en Estados Unidos y, en 2023, ya se han registrado al menos 176 tiroteos masivos, según Gun Violence Archive (GVA), una organización sin ánimo de lucro.

GVA define como tiroteo masivo aquel que acaba con cuatro víctimas, sean muertos o heridos, sin incluir al autor del ataque si es que ha fallecido o sufrido lesiones durante el suceso. EFE

Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León señalaron que los trámites para la recuperación del cuerpo los llevó a cabo un primo cuyo nombre no se dio a conocer, además de que la familia recibió apoyo de la Comisión local de Atención a Víctimas.

Tras la entrega de los restos mortales de la joven, que era madre de un menor de cuatro meses, se conoció que podrían ser velados en Nuevo León y posteriormente trasladados a Mission (Texas).

El caso de Bionce Jazmín se suma al de otras desapariciones registradas en el municipio de China, que conecta con la ciudad de Reynosa, estado de Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, como es el de las hermanas Marina y Maritza Pérez Ríos, así como Dora Alicia Cervantes Sáenz, quienes fueron vistas por última ocasión en esa área el pasado 25 de febrero.

Las mujeres, también residentes de Texas, viajaron a Nuevo León para vender ropa en un mercado del ayuntamiento de Montemorelos.

El FBI informó en un comunicado a La Esquina TX que sigue investigando e instó al público a que se comunique con esa dependencia en caso tiene información relevante para resolver el caso o dar con el paradero de las desaparecidas.

PRUEBAS DE ADN PARA IDENTIFICARLA

Bionce Jazmín nació en General Bravo pero, junto con su familia, tenía años de residir en Mission, de donde salió para trasladarse a México a pasar el reciente periodo vacacional y donde murió en circunstancias poco claras.

La autopsia reveló que la joven de 20 años falleció a causa de contusión profunda de cráneo y de tórax.

Pruebas de ADN permitieron establecer su identidad, aunque el cadáver ya había sido reconocido por un medio hermano.

Hace un año, la desaparición de la joven Debanhi Escobar y el hallazgo de su cuerpo semanas más tarde también dirigieron los reflectores al estado norteño de Nuevo León y levantaron dudas sobre el proceder de la Fiscalía estatal, ya que había indicado que su muerte fue un accidente, para después recular y reconocer que se trató de un feminicidio.

De acuerdo con colectivos, en Nuevo León existe una cifra de 6.000 personas desaparecidas, de las cuales unas 1.800 son mujeres.

Con información de EFE

«Entendemos que no es la noticia que todos esperábamos escuchar», sostuvo Craig Spencer, jefe del Departamento de Policía de Everman en rueda de prensa.

La madre de Noel, Cindy Rodríguez Singh, el padre adoptivo, identificado como Arshdeep Singh , y los otros hijos de Cindy (dos mellizos de 5 meses de edad y otros niños de 7,8,9 y 11), abordaron un vuelo internacional con destino a Turquía y luego India dos días antes de que se emitiera la alerta de niño desaparecido. Noel no figuraba en la lista de pasajeros.

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Noel nació prematuro, a las 25 semanas de gestación, y la descripción policial indica que tiene ojos castaños, cabello negro, pesa 23 kilogramos y mide 120 centímetros de estatura.

El niño padece trastornos de desarrollo y discapacidades físicas, incluida una enfermedad pulmonar crónica que requiere el suministro de oxígeno ocasionalmente.

Las autoridades indicaron que se había encontrado el vehículo de la familia, una camioneta Silverado 2012 con placas de Texas, abandonado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth.

El caso comenzó cuando otros familiares informaron a la Agencia de Investigación de Protección Infantil (CPI) que no habían visto a Noel desde noviembre, y esa agencia entrevistó a la familia en Everman el 20 de marzo.

Según la policía, Cindy indicó a CPI que Noel estaba con su padre biológico en México pero éste, contactado por la agencia, dijo que él no tenía a Noel, y que jamás había conocido a su hijo dado que fue deportado antes del nacimiento del niño.

«POSEÍDO POR EL DEMONIO»

Según las investigaciones, el menor fue visto en octubre en el centro médico donde la madre dio a luz a unos mellizos. Algunos testigos han declarado que la madre comentó en varias oportunidades que dada la naturaleza de Noel, a quien llamaba como «poseído» o «endemoniado», temía que le causara daños a los recién nacidos.

A principios de noviembre, la madre solicitó pasaportes nuevos para sus seis hijos, menos para Noel.

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La policía, que ha emitido una orden de arresto para Cindy Rodríguez y su esposo con la esperanza de extraditarlos para que respondan sobre el paradero de Noel, ha descartado otras versiones como que el niño fue vendido a una mujer en un supermercado Fiesta o que se encuentra con una tía en México.

«No existe evidencia o información que Noel haya sido vendido o traficado», sentenció la policía.

La comunidad de Everman tiene programada una vigilia en honor a Noel en el centro cívico de esa ciudad el próximo lunes 10 de abril.

Basaldua, de 21 años, era ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería y las causas de su muerte continúan bajo investigación, de acuerdo con la información proporcionada por la base militar, la misma donde la soldado Vanessa Guillén fue reportada como desaparecida y luego encontrada muerta en 2020.

La soldado Basaldua, originaria de México y naturalizada estadounidense, iba a cumplir tres años con el Ejército de EE.UU. y había reportado a sus padres que era víctima de acoso sexual en la base militar, donde llevaba 15 meses estacionada, según publicaron medios locales.

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El cónsul general de México en Austin (Texas), Pablo Marentes, dijo en un comunicado que el consulado ha exigido a las autoridades militares «una investigación exhaustiva y transparente en la que pueda esclarecerse completamente el incidente”.

Tres días después de la muerte de Basaldua, el Ejército de EE.UU. dijo que las primeras investigaciones revelaron que no hay indicios criminales en la muerte de la soldado hispana.

La División de Investigación Criminal del Ejército de EE.UU está a cargo de la investigación.

Marentes, que asistió s a la conmemoración para acompañar a la familia, indicó que el Ejército aún no ha contestado a una carta que el cónsul envió el pasado 22 de marzo solicitando información sobre las causas de la muerte.

La familia de Basaldua y sus vecinos en Long Beach (California), donde residía la joven con su padre, hicieron una ceremonia despidiendo a la joven migrante el pasado martes.

Finalmente los restos de la joven serán llevados a Tacámbaro, Michoacán, donde nació la soldado y reside su mamá.

+«No hay indicios criminales». Ejército de EEUU sobre la muerte de la soldado hispana en Fort Hood

La muerte de Basaldua recuerda los hechos que rodearon el brutal asesinato de Guillén en abril de 2020 por un compañero identificado como Aaron Robinson, de 20 años, quien luego se suicidó cuando iba a ser interrogado.

Las denuncias de agresiones sexuales aumentaron en el 2021 entre las fuerzas militares. Según cifras del Departamento de Defensa, ese año se recibió un total de 8.866 denuncias de agresión sexual, un incremento de 1.050 de las 7.816 recibidas en 2020.

El mayor aumento de denuncias de agresión sexual se dio en el Ejército de EE.UU. con 25,6 %.

Con información de EFE

Luego de que el 30 de marzo de 2023, el gran jurado de Nueva York decidiera imputar al expresidente Donald Trump, las dudas sobre la viabilidad de su candidatura presidencial para 2024 aumentaron. Sin embargo, expertos consultados explican que la Constitución de los Estados Unidos preserva el principio de que los votantes deciden quién los debe representar. El proceso judicial por el que Trump enfrenta cargos criminales está centrado en un pago de $130,000 realizado en octubre de 2016 a la actriz de cine porno Stormy Daniels por parte de su entonces abogado personal, Michael Cohen.

Aquí te respondemos algunas preguntas con la ayuda de expertos:

¿Podrían los cargos criminales contra Trump en Nueva York influir en su capacidad para aspirar a la Presidencia?

En pocas palabras, la respuesta es “no”: Trump puede seguir su campaña para la Presidencia como lo viene haciendo.

“No hay obstrucción alguna para aspirar a la Presidencia bajo cargos criminales y nada evitaría que ocupe el cargo de presidente”, dijo Stanley Brand, experto en legislación electoral y miembro distinguido de la Escuela de Derecho de la Penn State University.

La Constitución de los Estados Unidos preserva el principio de que los votantes deciden quién los debe representar, y los requisitos están limitados a que sea ciudadano nacido en Estados Unidos, que tenga 35 años de edad para el momento de la toma de posesión y que haya vivido en los Estados Unidos por 14 años.

Criminales convictos han aspirado a la Presidencia en el pasado. Lyndon LaRouche fue declarado culpable en 1988 por fraude postal y tributario y se postuló a la Presidencia en múltiples ocasiones entre 1976 y 2004.

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Eugene Debs fue declarado culpable por violar la Ley de Espionaje de 1917 durante un discurso anti-guerra y después se lanzó a la Presidencia por el Partido Socialista desde una prisión federal en Alabama en 1920. Los seguidores de Debs entregaron pins de campaña con el mensaje “Prisionero 9653”. El candidato que ganó la Presidencia ese año, Warren Harding, conmutó la sentencia de 10 años de Debs, dijo James Robenalt, un abogado que ha escrito sobre la relación entre Debs y Harding.

Constituciones y leyes de algunos estados incluyen disposiciones que dicen que aquellos condenados por delitos graves no pueden aspirar a cargos de elección popular, pero estas disposiciones aplican solamente para candidatos locales o estatales.

Cuando Arkansas intentó establecer límites para cargos federales en 1992, añadiendo requisitos adicionales que no estaban en la Constitución, la Corte Suprema anuló la ley.

Y, a pesar de que esa sentencia hacía referencia a contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, “hay un consenso general de que también aplica para candidatos presidenciales”, dijo a PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, Derek Muller, profesor de Derecho de la Universidad de Iowa.

Rebecca Green, profesora de Derecho del College of William & Mary, dijo que la decisión busca evitar que los estados influyan en la elección de un presidente imponiendo algo que potencialmente se convertirían en un mosaico de requisitos adicionales que pocos candidatos podrían cumplir. También, dijo Green, busca evitar que estados confabulen para intentar descalificar candidatos.

¿Podrían los cargos contra Trump representar desafíos logísticos para su campaña?

Un candidato encarcelado podría estar incapacitado para realizar eventos de campaña en persona. Pero expertos creen que la probabilidad de una encarcelación de Trump antes del juicio, así sea temporal, es prácticamente cero.

“Debido a que él no presenta riesgo de fuga, no tiene antecedentes criminales, y estaría enfrentando cargos por delitos no violentos, seguramente será liberado bajo palabra”, es decir que no establecerán una fianza si enfrenta cargos, dijo Ric Simmons, profesor de Derecho de la Ohio State University. “Es posible que incauten su pasaporte, pero es poco probable, y si lo hicieran, eso tampoco afectaría su campaña presidencial de forma significativa”, agregó.

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¿Es correcto decir que Trump ha sido “arrestado”?

Los expertos consultados dicen que “arresto” [arrest, en inglés] es un término válido para lo que ha ocurrido, pero añaden que hay importantes diferencias entre la situación de Trump y lo que típicamente se conoce como “arresto”.

“Arresto sigue siendo legalmente el término apropiado” porque técnicamente será “detenido” por el Estado, dijo Simmons a PolitiFact en marzo

¿Puede la ley federal invalidar el caso de Nueva York contra Trump?

Expertos opinan que no.

“Nueva York no está sujeto a leyes o lineamientos federales sobre cómo proceder, más allá de, por supuesto, la Constitución federal, que establece límites procesales en relación con registros e incautaciones, interrogatorios, y el debido proceso”, dijo Simmons.

Hay una sección de la ley federal que establece que miembros activos del gobierno federal que actúen “en capacidad individual u oficial” tienen permitido reasignar cargos estatales a cortes federales. Este es un argumento que el equipo legal de Trump puede hacer si enfrenta cargos de interferencia electoral en el caso de Georgia. Pero en el caso de Nueva York, sobre el dinero que presuntamente pagó a Daniels, esto ocurrió semanas antes de que Trump fuese elegido presidente y meses antes de que asumiera la Presidencia, es decir, que era un ciudadano privado en ese momento y, por ende, no está sujeto a esta disposición de la ley.

Amy Sherman, reportera de PolitiFact, contribuyó a este artículo.

Traducción: Rafael Olavarría, Factchequeado

Este artículo fue publicado en Factchequeado en alianza con PolitiFact.

Ana Fernández Basaldua Ruiz, de 21 años, fue hallada sin vida en una zona de mantenimiento en ese cuartel donde estuvo destacada los últimos 15 meses, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ejercito.

La División de Investigación Criminal del Ejército de EE.UU inició la investigación y en un comunicado dijo hoy que hasta este punto «no hay evidencia de un hecho criminal» relacionado con el deceso de la joven, nacida en México y naturalizada estadounidense.

+Hallan muerta a soldado latina en misma base del caso de Vanessa Guillén

Ahondaron que la investigación continúa.

«Era una excelente compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos», dijo en un comunicado previo el comandante Patrick Sullivan.

El caso ha llamado la atención porque la soldado supuestamente había sido víctima de acoso sexual por parte de un superior militar y pensaba abandonar su carrera militar, según notificó su familia al canal Telemundo.

Baldo Basaldua, padre de la víctima, dijo ese canal, que la causa preliminar de la muerte de la soldado pudo ser por suicidio, pero que el Ejército le dijo que «iban a empezar las investigaciones».

Las denuncias de agresiones sexuales aumentaron en el 2021 entre las fuerzas militares. Según cifras del Departamento de Defensa ese año se recibió un total de 8.866 denuncias de agresión sexual, un incremento de 1.050 de las 7.816 recibidas en el 2020.

El mayor aumento de denuncias de agresión sexual se dio en el Ejército de EE.UU. con 25,6%.

LA SOMBRA DEL CASO VANESSA GUILLÉN

Las circunstancias recuerdan los hechos que rodearon el brutal asesinato de Guillén en abril de 2020 por un compañero identificado como Aaron Robinson, de 20 años, quien luego se suicidó cuando iba a ser interrogado.

Los restos descuartizados y quemados de Guillén fueron hallados el 30 de junio de ese año a unos 32 kilómetros de la base, donde murió la misma noche de su desaparición.

Mayra Guillén, hermana de Vanessa, se pronunció por la red social Twitter sobre el caso de Basaldua que la tomó por sorpresa por tratarse de un tema muy delicado «del cual aún no estoy plenamente consciente».

Mayra Guillén fue una las impulsoras de la promulgación de un decreto para que el acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas se trate como un delito en la justicia militar.

La orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden implementó cambios para «criminalizar la emisión o difusión negligente de imágenes visuales íntimas en esas instituciones.

Los casos de Basaldua y de Guillén no son los únicos en donde se ha reportado la muerte de soldado en Fort Hood. En 2021, un subcomité de la Cámara baja de EE. UU. reveló que más de 20 soldados perdieron la vida en ese cuartel en 2020 por homicidio y suicidio.

El mismo comité indicó en ese reporte que en esa base «se perpetraban delitos violentos» como «casos de acoso sexual y un aumento en los índices de depresión» por parte de los soldados cuya «moral estaba por los suelos».

+Cecily Aguilar, única acusada por el asesinato de Vanessa Guillén, se declara culpable

El documento afirma que en un solo año se registró un total de 1.339 casos de soldados que habían presenciado al menos una agresión sexual en los últimos doce meses y 2.625 casos de acoso sexual que en su mayoría no fueron reportados.

De acuerdo con el centro de investigación Rand Corporation, una de cada cuatro mujeres y uno de cada 16 hombres que trabajan como militares o para el Departamento de Defensa estadounidense experimentan acoso sexual en algún momento de su carrera.

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Basaldua era ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería y las causas de su muerte continúan bajo investigación, de acuerdo con la información proporcionada por la base militar, la misma donde la soldado Vanessa Guillén fue reportada como desaparecida y luego encontrada muerta en 2020.

+Cecily Aguilar, única acusada por el asesinato de Vanessa Guillén, se declara culpable

El Ejército indicó que habían comunicado del deceso a los padres de la soldado y que han proporcionado los recursos de apoyo psicológico a la familia y a los compañeros que sirvieron con Basaldua en el cuartel.

«Estamos profundamente entristecidos por la pérdida irreparable de la soldado y hacemos llegar nuestras condolencias a su padre, madre y hermano», señala el comunicado del Ejército bajo la rúbrica del comandante Patrick Sullivan.

La soldado Basaldua, natural de México y naturalizada estadounidense, iba a cumplir tres años con el Ejército y había reportado a sus padres que era víctima de acoso sexual, según notificó el portal Noticias Telemundo.

El fallecimiento de otra soldado en el mismo recinto militar hace recordar del caso de Guillén, asesinada a martillazos por un compañero que sacó su cuerpo y lo descuartizó antes de enterrarla en un lugar remoto.

+Madre de Vanessa Guillén: “Los primeros seis meses recordé lo terrible. Estaba llore, llore y llore”

El presunto asesino, Aaron Robinson, de 20 años, se suicidó cuando la policía se disponía a interrogarle después de que apareciesen restos humanos de Guillén, a casi dos meses de su desaparición.

La pareja de Roninson, Cecily Ann Aguilar, fue acusada de complicidad por ayudar a esconder los restos de la soldado cerca del río León, en Killen (Texas).

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