Así lo informó el sistema de salud University Health de San Antonio a través de la red social Twitter.

De acuerdo con la información brindada por Unión Pacific, la compañía ferroviaria a la que pertenece el tren donde se detectó lo que parece un caso de tráfico humano, de las 12 personas halladas dentro de un contenedor intermodal, 2 murieron, 4 fueron trasladadas en avión a San Antonio y 6 fueron llevadas a hospitales locales.

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Otros tres individuos fueron encontrados con vida en un carro tolva, un vehículo usado para carga y descarga en los ferrocarriles.

Union Pacific explicó que el viernes por la tarde fueron notificados por la Patrulla Fronteriza, que recibió una llamada de una persona angustiada dentro de un vagón de tren, por lo que se detuvo el convoy cerca de Knippa, Texas.

Las autoridades de Uvalde (Texas) respondieron al llamado de emergencia y enviaron al lugar varios helicópteros y ambulancias.

Lo que se encontraron es que «alguien había cerrado el contenedor y lo aseguró (por fuera) con un alambre», declaró a medios locales Don McLaughlin Jr, alcalde de Uvalde.

«Nadie sabe cuanto tiempo pasaron allí«, agregó el alcalde en unas declaraciones recogidas por el medio Uvalde Leader News.

El tren de la compañía Union Pacific se dirigía desde Eagle Pass, en la frontera, hacía San Antonio.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. informó que los dos fallecidos son hondureños.

En un comunicado, el departamento dijo que seguirá «abordando la grave amenaza a la seguridad pública que representan las organizaciones de contrabando de personas y su desprecio imprudente por la salud y la seguridad de las personas contrabandeadas» y pidió la colaboración ciudadana para acabar con casos como este.

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Union Pacific dijo estar «profundamente entristecida por este incidente y las tragedias que ocurren en la frontera».

En junio del año pasado las autoridades de San Antonio encontraron a decenas de migrantes muertos que viajaban hacinados en un camión de carga. El saldo total de fallecidos fue de 53, mientras que 13 personas resultaron afectadas.

Con información de EFE

Ante los daños materiales que dejaron las tormentas de hace una semana en el sur de Houston (Texas), el fiscal general, Ken Paxton, instó a la comunidad a mantenerse alerta ante las estafas perpetradas por algunos contratistas, originadas luego de la catástrofe natural que ha dejado cortes de energía, árboles derribados y múltiples daños en edificios y viviendas de las zonas afectadas.

Paxton enfatizó sobre la importancia de investigar a los contratistas que van de puerta en puerta ofreciendo sus servicios. Con esta sencilla indagación se puede evitar una estafa que perjudicaría aún más las condiciones inestables de los afectados por la tormenta.

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De acuerdo con la Fiscalía, el estado protege el derecho del ciudadano de cancelar las remuneraciones tres días después de haberse firmado el contrato. Establece, además, que en caso de sospechar de una acción irregular por parte del contratista, el consumidor puede presentar la queja ante la página oficial de la Procuraduría General o a través del número telefónico 1-800-621-0508.

Según la dependencia, es natural ver cómo las empresas —después de un desastre natural— tienden a aumentar los precios de los servicios básicos como el agua, alimentos y combustible. Ante este tipo de especulaciones, el consumidor puede apoyarse en la Ley de Texas de Prácticas Empresariales Engañosas para realizar la denuncia en la Fiscalía General.

CONSEJOS PARA PREVENIR UNA ESTAFA POR CONTRATISTAS
Después de un desastre natural, existe una tendencia por querer resolver lo más pronto posible los daños causados por la devastación. Sin embargo, es fundamental mantener la calma para tomar decisiones acertadas y evitar que contratistas engañosos se aprovechen de la situación.

En este sentido, existen diversas consideraciones que se debe tener presente con las empresas que ofrezcan servicios de reparaciones. Estas son algunas:

• Tomarse un tiempo para investigar a la empresa y no firmar el contrato bajo presión o sin estar seguro de que es una buena decisión
• Solicitar referencias de exclientes con quienes la empresa haya trabajado anteriormente
• Evitar firmar contratos con espacios en blanco
• Verificar que la empresa contratista tenga seguro de discapacidad y de compensación para los trabajadores. De no tenerlo, le corresponde al consumidor ser el responsable de los accidentes que puedan suceder.
• Solicitar las garantías del trabajo por escrito y pedir todo lo relacionado al trabajo de manera escrita
• No realizar el pago final hasta que el trabajo no esté totalmente terminado
• No generar confianza con la empresa contratista, mantenga una relación educada y cordial, sin caer en los excesos de compañerismo.

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• Las empresas engañosas o vendedores ambulantes ven como presa fácil de estafa a los sujetos con edad avanzada. Ante esta situación, lo mejor es evitar que las personas de la tercera edad sean quienes cierren la negociación.
• Si el consumidor tiene más de 60 años y requiere un servicio de una empresa contratista, lo mejor es solicitar la ayuda de un familiar, amigo o vecino para cerrar la contratación. De esta manera, corre menos riesgos de sufrir una estafa. No obstante, el acompañante debe cerciorarse de que la empresa sea legal y goce de confiabilidad para contratar sus servicios.
• Las obras caritativas son uno de los anzuelos que los estafadores utilizan con las personas de edad avanzada. Si el consumidor pertenece a ese grupo de edad y desea hacer algún tipo de donación a las personas que hayan sido víctimas de la tormenta, es mejor hacerlo por medio de organizaciones benéficas que sean reconocidas.

Dicus, de 21 años, se encuentra bajo custodia por el asesinato de Anggy Díaz (21) ocurrido el pasado 11 de enero. La fianza se había establecido inicialmente en 500.000 dólares, pero la Fiscalía dijo que el monto no es suficiente porque el acusado ya estaba bajo libertad condicional cuando mató a Díaz, según revelan documentos judiciales.

Dicus fue arrestado en noviembre pasado por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, y por amenazar al policía y al personal carcelario, aseguró la Fiscalía.

Además, el acusado presentó «cambios repentinos de personalidad y comportamiento violento«, como golpear ventanas y ser amarrado en una silla para obtener una muestra de su sangre.

La Fiscalía argumentó que la fianza inicial no era lo suficientemente alta como para «proteger a la comunidad en su conjunto de sus tendencias violentas, pero también a los miembros de su propia familia».

Este martes se programó la audiencia judicial donde estuvo presente Dicus, quien se mostró decaído y en momentos lloró frente al juez, según reportan los medios de comunicación local.

Una de las condiciones de su libertad condicional sería no acercarse a la casa de sus padres y permanecer con un grillete de moniteo permanente, siempre y cuando pague antes el millón de dólares de fianza.

El crimen a Diaz ocurrió en la casa donde vivía la pareja, detrás de la vivienda de los padres de Dicus, en el condado de Waller, ubicado al noroeste de Houston.

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La familia de Dicus llamó a las autoridades después de encontrar el cuerpo de la mujer, que había llegado hace tres años para buscar un mejor futuro.

Dicus permaneció en el lugar hasta que llegó la policía y fue detenido. La pareja se había casado en octubre pasado.

La comunidad en Waller despidió a Diaz con un servicio religioso el domingo pasado en el que fue descrito como una mujer alegre y muy trabajadora. El cuerpo de la joven, quien llegó a Estados Unidos en 2019, ya fue repatriado a la comunidad de El Viejo, Nicaragua.

Su nombre legal es Quanell X Abdul Farrakhan (nacido como Quanell Ralph Evans). Durante varias décadas ha sido el motor de movilizaciones civiles y la voz de la comunidad afroamericana en el sureste de Texas y otras partes del país.

Gracias a su liderazgo, ha logrado un poder de convocatoria envidiable. No hay medio de comunicación en Houston (en inglés, en español y en cualquier otro idioma) que no deje de cubrir lo que tenga que decir en las ruedas de prensa que organiza.

Usualmente, sus conferencias mediáticas son un llamado de atención a los organismos del gobierno por casos de personas a las que aparentemente —directa o indirectamente— se les ha violentado sus derechos.

Solo hace falta buscar su nombre en cualquiera de los portales de los medios locales para darse cuenta de que recibe una basta cobertura.

Allí lo vemos en primera plana, en el primer segmento de todos los noticieros, en el diario, en el semanario, acompañando al supuesto autor de un delito que es buscado por la policía y al que convenció para que se entregue.

Y en la vigilia de la niña desaparecida cuya familia busca desesperadamente pistas sobre su paradero, en la petición para reducir la exagerada fianza impuesta a algún acusado, cuando despiden injustificadamente o hay indicios de maltrato y discriminación, allí está Quanell X.

Lo ha hecho durante casi tres décadas.

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Pero la investigación del Houston Chronicle, publicado en su edición impresa el domingo, revela que más allá de ser el defensor de las injusticias, el activista es tildado por varias personas como oportunista al cobrarles miles de dólares para apoyar sus casos, según el rotativo que asegura analizó durante meses cientos de páginas de documentos judiciales, contratos y entrevistas con los afectados.

“Las familias dijeron que buscaron su ayuda después de verlo en las noticias de televisión, animando a las multitudes o como invitado en el programa Faceoff de la estación local Fox 26, un programa que presenta a los líderes locales debatiendo las noticias de mayor relevancia”, señala el reportaje.

El resultado que buscaban estas personas era que bajo la tutela del activista se puedan resolver sus casos, pero el efecto que tuvieron fue el contrario, de acuerdo con la nota periodística.

“Quanell X dejaba de contactarse con ellos luego de recibir el dinero y prometía que investigaría para llegar a la verdad de lo sucedido o se comprometía para que las autoridades rindan cuentan por las irregularidades”.

El Houston Chronicle informó que el líder comunitario enfrenta al menos nueve demandas judiciales por incumplimiento de contrato y asuntos relacionados entre 2012 a 2018.

Los juicios, que están acumulando intereses y costos judiciales, ahora suman más de $345,000, según muestran los registros judiciales, detalló el medio de comunicación.

También indicó que en cada uno de los juicios (4) no se indemnizó a los agraviados porque Quanell X no respondió a las órdenes judiciales de proporcionar información sobre sus bienes y fuentes de ingresos con fines de cobro.

El activista, en su defensa, comentó al mismo Houston Chronicle que desconocía algunas de las demandas en su contra y que luego de analizarlas creía que no tenían fundamento.

“No tengo el dinero para contratar abogados para pelear estas cosas”, señaló Quanell X al diario. Agregó que cuando un cliente contrata los servicios de su compañía consultora “no se hacen promesas” como “está estipulado en el contrato”.

“Todo lo que puedo hacer es apoyar los casos. Tampoco soy un mago”, comentó el activista al medio.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, en el área metropolitana de Houston había cerca de 19,000 trabajadoras domésticas en 2017, pero solo incluía a las empleadas contratadas a través de una agencia de empleo registrada.

La gran mayoría de estas trabajadoras pertenece a una minoría étnica y es inmigrante e indocumentada, de allí su condición de vulnerabilidad que las expone a la explotación y a aceptar condiciones laborales paupérrimas.

En muchos casos, tienen que trabajar más de 100 horas a la semana en diferentes lugares sin derecho a un seguro médico y a prestaciones.

Olga Castillo, originaria de Tamaulipas (México) y que trabajó en ese rubro cerca de 30 años, es en la actualidad organizadora de las trabajadoras del hogar en el Centro de Trabajadores Fe y Justicia.

Según cuenta, el pago que perciben “mis compañeras”—en Texas el mínimo es $7.25 la hora— sigue siendo bajo para un sector que ha sido pieza fundamental durante la pandemia por el coronavirus, pero que sigue sin contar con algún tipo de beneficio laboral.

—Muchas de nuestras trabajadoras se contagió de COVID-19 y cayeron enfermas. En casa, sin trabajo, sin ese sueldo, pensando, aparte de la enfermedad, cómo le voy a hacer, de dónde voy a pagar mi renta, cómo voy a pagar mis cuentas y sin poder ir al doctor porque no tienen seguro médico. Y para colmo, muchas veces vivimos en barrios peligrosos porque no tenemos para pagar una mejor renta en un mejor lugar.

—Es un trabajo menospreciado entonces…

—Nosotros usualmente no pasamos Navidad o Año Nuevo en nuestra casa. Nos perdemos el cumpleaños de nuestros hijos o una graduación porque siempre estamos en el trabajo. Ahora, muchas veces tenemos dos trabajos para poder solventar los gastos de la casa.

—Y también tienen una remuneración baja. ¿Cómo sobrevivir con el sueldo que perciben las trabajadoras del hogar o de limpieza de oficinas?

—En Texas, el pago mínimo establecido es de $7.25 la hora, y como está la economía, o sea, no completas ni para comprar una libra de carne. Yo he tenido hasta tres trabajos y me ha tocado vivir en casa que no tiene aire acondicionado, que no tiene calefacción, porque es la renta que podemos pagar.

—Irónico…

Yo sé que a veces vivimos esas situaciones no porque no nos esforcemos, o porque no buscamos superarnos, no. Es que no nos alcanza. A veces las situaciones nos llevan a estar en un lugar que no mereces o porque no le echas ganas o porque no quieras triunfar, porque no quieras salir adelante. Yo creo que es tiempo de que volteen a ver a las trabajadoras del hogar, que les den la importancia que tienen, que se reconozca que hacemos un trabajo digno, que merecemos vivir con más dignidad.

—Su caso es sin duda similar al de miles de trabajadoras que no ven quizás otra opción que seguir laborando en malas condiciones porque creen que no tienen otra alternativa. ¿Hay acaso alguna forma de convencerlas de que sí la tienen?

— A mí me tocó ser madre soltera de cuatro hijos y solventar una familia. O sea, no es fácil. Nuestros hijos también merecen tiempo de calidad y tener una vida más digna. Y no es porque no nos esforcemos, es porque el sistema nos ha marginado, nos ha encasillado en llevar esa vida. Y si nosotras como organizadoras, no como trabajadoras del hogar, no nos organizamos para promover esos cambios que necesitamos, quién lo va a hacer. El Centro es un lugar donde se les da talleres para empoderar a las mujeres acerca de sus derechos laborales y saber que nosotros podemos hacer un cambio en este sistema.

Para intentar recuperar su dinero, acudió al Centro de Trabajadores Fe y Justicia, una organización sin ánimo de lucro que opera en Houston desde 2006 y que se ha convertido en el único de su clase en defender los intereses de los jornaleros de bajos recursos económicos que son víctimas de robo de salarios, discriminación, acoso y accidentes laborales en la región.

—Yo ya había escuchado de Fe y Justicia en la televisión. Me hice miembro y me fui involucrando con la misión del Centro. Participaba en las actividades y me fui empapando y conociendo de cerca la realidad que vivimos los trabajadores y al mismo tiempo realizaba mis labores como trabajadora doméstica.

Se dio cuenta —dice— de que su caso era común entre la población hispana, especialmente entre los más vulnerables: los que no dominan el idioma inglés o se encuentran indocumentados.

Hace más de un año le ofrecieron formar parte de las filas de Fe y Justicia como organizadora de las trabajadoras del hogar con la ardua tarea de apoyar a más de 300 de ellas que forman parte de la institución.

—Y aunque yo soy organizadora, me sigo considerando trabajadora del hogar, porque es lo que he hecho durante los últimos 28 años. Conozco de primera mano la realidad de todas mis compañeras.

—¿Y cuál es esa realidad?

—La realidad es que somos trabajadoras esenciales, pero no contamos con beneficios básicos. Somos parte de la economía de este país, pero somos invisibles. Nosotros hacemos un trabajo que es tan importante, pero a la vez está tan desvalorizado… Si usted se pone a pensar, los que trabajan en las oficinas, los hospitales, los edificios públicos… son doctores, abogados, jueces, propietarios de negocios, cadenas multinacionales, pero para que ellos puedan llegar a sus lugares de trabajo, hay una trabajadora del hogar en sus domicilios, hay una trabajadora que se queda a cuidar a los papás, que se queda a limpiar la casa, a cuidar los niños, a levantarlos, darles de comer y llevarlos a la escuela para que esas personas puedan realizar su trabajo y llevar sus vidas a cabo.

—¿Y no es así? ¿No siguen siendo esenciales?

—Nadie voltea a ver a las trabajadoras hoy durante la pandemia. O sea, fuimos esenciales para cuidar ancianos, para cuidar niños, para limpiar casas, para limpiar hospitales. Sin embargo, no contamos con seguro médico o días de enfermedad. Muchas de las compañeras trabajadoras del hogar se convirtieron en una estadística más en el número de muertes por el coronavirus y no contaron ni con el más mínimo apoyo.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, en el área metropolitana de Houston había cerca de 19,000 trabajadoras domésticas en 2017, pero solo incluía a las empleadas contratadas a través de una agencia de empleo registrada.

De acuerdo con un estudio dado a conocer por la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos, en EE. UU. las más de dos millones de personas que realizan esas labores son mujeres de escasos recursos económicos, gran parte de ellas pertenece a una minoría y es inmigrante o indocumentada.

Esa fuente señala también que en una encuentra realizada a trabajadoras domésticas en todo el país, el 67% respondió que no perciben remuneración por horas extras y que el 74% afirma no tener otra alternativa que aceptar ese trabajo adicional sin paga.

Leer segunda parte

Según los cargos, Gaviola era el operador, mientras que Ozoh era el gerente de la clínica Floss Family Dental Care ubicada en Houston (que figura en registros públicos como parte de León Xavier Foreman Dental, PLLC).

La dupla está acusada de sobornar a vendedores y personal encargado de cuidar pacientes a cambio de información relevante y facturar (entre 2018 y 2021) cerca de $7 millones de dólares, de los cuales Medicaid pagó aproximadamente $4,9 millones.

“El propósito de este esquema de fraude por parte de Gaviola, Ozoh y sus cómplices (personal administrativo) era enriquecerse al presentar reclamos con documentación falsa… pagando y recibiendo coimas y desviando los ingresos a cuentas bancarias personales”, relata el documento.

Según la ficha acusatoria, Gaviola contrató a un ayudante dental que se hacía pasar por médico dentista licenciado, encargado de las consultas y tratamientos especializados. También empleó a dentistas de profesión que no estaban registrados con el Texas Medicaid & Healthcare Partnership (TMHP), requisito para poder tramitar reclamos y facturar por servicios a pacientes que tienen ese seguro de salud.

Otra de las irregularidades, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., era que los servicios dentales se llevaban a cabo en tres consultorios cuando solo uno de ellos tenía la aprobación correspondiente de TMHP.

La acusación federal enlista algunas de las facturas que Gaviola presentó a Medicaid, así como varios cheques y mensajes de texto de ambos acusados con los vendedores donde brindan detalles que los implica en la modalidad de fraude.

Si son declarados culpables, Ozoh y Gaviola enfrentan hasta cinco años en una prisión federal por conspiración para pagar y recibir sobornos. Gaviola también enfrenta hasta 10 años por conspiración para cometer fraude a la salud pública y lavado de dinero. Todos los cargos también conllevan una posible multa máxima de $250,000.

Ozoh ha solicitado a la corte federal que se le asigne un defensor público por no contar con los medios económicos para contratar un abogado privado.

En el año fiscal 2020, hubo un total de 1,017 condenas, de las cuales 774 fueron casos de fraude, lo que representó aproximadamente las tres cuartas partes de todas las condenas ese año en Estados Unidos.

BUENO SABERLO

Estos son algunos ejemplos de fraude a Medicaid:

· Un médico que factura a Medicaid por radiografías, análisis de sangre y otros procedimientos que nunca se realizaron, o que falsifica el diagnóstico de un paciente para justificar pruebas innecesarias

· Una compañía de ambulancias que transporta pacientes de Medicaid en ambulancia cuando pueden caminar sin asistencia

· Una contadora de un asilo de ancianos que escribe y modifica pagos de cheques para sí misma de las cuentas de fondos fiduciarios

· Un farmacéutico que le da a un cliente de Medicaid un medicamento genérico y, en cambio, le factura la versión de marca del medicamento.

· Una agencia de salud en el hogar que factura a Medicaid por la atención no brindada, por la atención brindada a pacientes que fallecieron o que ya no son elegibles, o por la atención brindada a pacientes que se transfirieron a otro proveedor

· Un ortodoncista facturando a Medicaid por aparatos ortopédicos que nunca se aplicaron

· Una clínica de salud que factura a los pacientes por servicios ya pagados por Medicaid

Si vive en Texas, puede presentar una queja a la Unidad de Control de Fraude a Medicaid o llamar al 512-463-2011.

La última vez que ella supo del periodista estadounidense Austin Tice fue a través de unos mensajes que intercambiaron en una red social. Era el día posterior a su cumpleaños. Le había comentado que estaba a punto de internarse en una zona remota a las afueras de Damasco, en Siria.

Desde aquel día, el 13 de agosto de 2012, Debra y su esposo Marc no han dejado de luchar para hallar el paradero de su hijo.

—Siempre se comunicaba con nosotros, nunca dejaba de contarnos lo que estaba haciendo y en qué lugar del mundo se encontraba—cuenta Debra.

Durante un par de días, nadie había oído de él.

—Pensamos que se debía a que se encontraba viajando y necesitaba discreción o que no tenía recepción en su teléfono para poder comunicarse con nosotros. Pero para el tercer día ya todos estábamos preocupados. Llamé a sus editores y les pregunté qué es lo que sabían y nos dijeron que estaban preocupados también. Entonces, para el jueves de esa semana, ya se especulaba que algo había pasado —dice el padre, Marc Tice, nacido en Houston.

Según cuenta, para el viernes de esa semana, recibió una llamada del Departamento de Estado de EE. UU. en donde le comunicaron que estaban enterados de su “desaparición”.

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En 2014, Debra viajó a Siria para investigar lo que había sucedido con Austin, pero el gobierno de ese país prefirió que las conversaciones se hagan a través de las cancillerías. De hecho, Damasco nunca ha declarado que conoce el paradero de Austin.

Recién en mayo de este año, Marc y Debra Tice pudieron reunirse con el presidente Joe Biden para conversar del tema, y la semana pasada, el mandatario exigió la liberación de Austin a través de un comunicado.

—Hemos pedido repetidamente al gobierno de Siria que trabaje con nosotros para traer a Austin a casa. En el décimo aniversario de su captura, hago un llamado a Siria para que acabe con esto y nos ayude a traerlo.

Biden señaló en ese documento que el compromiso de su Gobierno es recuperar y repatriar a quienes han sido detenidos arbitrariamente en el exterior.

Para Debra, las esperanzas de encontrar a su hijo vivo siguen latentes porque “lo siento así”.

Austin, quien sirvió en los Marines del ejército estadounidense, viajó a Siria por motivos de trabajo. Era corresponsal independiente para varios medios de comunicación, entre ellos el Washington Post y la cadena de televisión estadounidense CBS, McClatchy, entre otros.

Antes de viajar a Damasco, Tice, el hermano mayor de seis, puso en pausa sus estudios de Derecho en la Universidad de Georgetown para seguir su carrera como periodista.

—Lo único que hemos sabido de él después de su “silencio” fue a través de un video de menos de un minutoque alguien publicó en la red YouTube en donde se le ve capturado o secuestrado por una especie de milicia—compartió Debra, quien cree que su hijo fue posiblemente capturado por el régimen de Bashar-al-Assad, presidente de Siria.

—Él es lo único que nos preocupa, nos mantiene ocupado pensar en él. Lo que estamos haciendo es que la gente no se olvidé de él, que piensen en Austin y recordarles que lo estamos buscando y queremos que regrese a casa.

Según Manuel Moncada, actual director interino del Centro, la modalidad del robo de salario es la queja más común que reciben a diario.

—Se valen de los trabajadores que están en las diferentes esquinas de las ventas de materiales buscando empleo, los recogen, los llevan a trabajar y luego los dejan a la intemperie y no les dan el pago que corresponde con el que acordaron. Entonces, ellos acuden a nosotros para que los ayudemos a recuperar su salario.

Luego del contacto inicial, cuando llaman al número telefónico de la organización o se presentan en persona al local que tienen en Houston, ellos recopilan toda la información e inician una investigación para determinar quién es la persona o la empresa que no pagó el dinero acordado.

Se efectúa un primer contacto para tratar de llegar a una mediación o un acuerdo para que se acerque a las oficinas del Centro para realizar el pago de la deuda correspondiente.

—¿Y qué información necesitan ustedes por parte del jornalero o trabajadora que hace la denuncia?

—Lo importante es que tengan un nombre y apellido, un número de teléfono, un número de placa y la dirección del lugar donde se realizó el trabajo. Necesitamos todos estos datos de la persona que lo contrató, así como todo lo que ocurrió y el por qué no le pagaron, ya que de esa forma podemos contactar [a la otra parte] para poder llegar a una solución.

—¿Hay una falta de información por parte del trabajador que permite en cierto sentido que le suceda eso?

—Sí, en gran parte también es por una falta de información del trabajador, de no contar con el conocimiento para no ser víctima de un robo de salario. Por eso, cuando ellos acuden a nosotros para decirnos “hoy fui víctima de robo de salario, el contratista no me pagó”, los invitamos a que vengan y se eduquen. Les damos una clase sobre cómo evitar ser víctima nuevamente de un robo de salario para que de esa forma no se siga repitiendo y, entonces, podamos empezar a trabajar con su caso, sabiendo que ya no incurrirá otra vez en ese error. Y obviamente, el contratista hace esta acción porque se quiere valer de que la persona probablemente indocumentada no tiene conocimiento de las leyes laborales de Texas y un sinfín de situaciones de las que ellos quieren tratar de sacar partido.

—¿Cuál esel porcentaje de efectividad en la recuperación de esos pagos que se cumplieron en un primer momento?

—En caso de que esto no ocurra, ya procedemos a otras vías más administrativas. Se envía una correspondencia, se le explica la situación ilegal en la que está esta persona y, en caso de que tampoco acuda a esa cita, entonces ya nos asistimos de organismos como la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas o, en todo caso, a una corte de asuntos o reclamos menores.

—Podremos estar hablando de un 65 a 75%, ya que, en ocasiones, como no tienen la información o no saben qué documentación necesitan, los contratan, no tienen o no saben el nombre de la persona que los está contratando. Este tipo de contratistas cambian sus números de teléfono constantemente y, en su momento, el trabajador tampoco tomó el número de placas del coche para poder investigar quiénes son. Entonces, a veces se nos dificulta muchísimo el trabajo y por eso hay casos que lamentablemente no podemos abrir formalmente, ya que no tenemos información de cómo contactar a ese contratista.

¿Cuál es la segunda queja más común que recibe el Centro?

—Los accidentes en el trabajo. Personas que nos llaman porque, estando con el contratista, con su empleador, se caen, se cortan, tienen algún tipo de accidente. Entonces se comunican con nosotros, porque obviamente estas personas, los contratistas, no se hacen responsables, los mandan a sus casas en un gran porcentaje o los despiden porque ya no les son útiles y ellos no tienen con qué cubrir este tipo de gastos. Entonces, en ese momento intervenimos nosotros para tratar de canalizar su denuncia.

—¿Cuál sería la recomendación para evitar este tipo de fraudes y engaños?

—Que, si no tienen información, si no saben cómo realizar una buena negociación con un contratista o con un patrono, que vengan con nosotros, que nos pidan información. Nosotros dictamos talleres de forma virtual o presencial cada mes, donde le informamos acerca de cómo opera la ley de Texas en materia laboral y así obtienen el conocimiento para evitar ser víctimas.

Para comunicarse a la línea de ayuda de Fe y Justicia, llame al 713-862-8222.

Por Jessica Blake, Chalkbeat

Las nuevas restricciones al aborto podrían aumentar la pobreza infantil y perjudicar el futuro educativo de las mujeres, entre otros impactos potenciales en el sistema escolar estadounidense.

La decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade le otorga poder a los gobiernos estatales para decidir sobre la protección legal, de los cuales 26 estados ya han promulgado leyes que prohibirán o reducirán drásticamente esa práctica.

Como resultado, los expertos creen que habrá un aumento de nacimientos en madres adolescentes, así como tasas más altas de pobreza infantil y una menor participación femenina en la fuerza laboral, aunque la magnitud de esos cambios es difícil de predecir.

“Tenemos claro que la salud mental de las mujeres, así como sus oportunidades económicas y educativas, tendrán un efecto negativo por la falta de acceso al aborto”, señaló Sarah Cohodes, profesora asociada de economía y educación en la Universidad de Columbia.

“Si nos basamos en patrones anteriores, y no hay motivo para no hacerlo, se concentrará [el acceso al aborto] en las jóvenes y las afroamericanas embarazadas”, agregó Cohodes.

Pobreza infantil

Los economistas han demostrado que el acceso al aborto afecta la decisión de una persona embarazada y que causa diversas repercusiones en sus vidas y en la de sus familias.

Según Elizabeth Ananat, profesora de Economía y Derechos de las Mujeres en el Barnard College, lo que se verá a corto plazo será un aumento de la pobreza infantil.

“Las mujeres utilizan los recursos de acceso al aborto como una herramienta de su planificación familiar, de modo que lleguen [los bebés] en el momento en que los padres estén mejor preparados para mantener a una familia”, indicó Ananat.

Un análisis realizado en la Universidad de California en San Francisco, conocido como El estudio Turnaway, demostró que las personas a las que se les negó un aborto y luego dieron a luz experimentaron un aumento en el índice de pobreza familiar que duró al menos cuatro años en relación con aquellas que recibieron un aborto.

En términos concretos, eso significa que esas mujeres experimentan problemas para cubrir los gastos básicos de subsistencia como alimentación, vivienda y transporte. También,sufrieron de falta de seguridad financiera, puntajes crediticios más bajos, mayor deuda y grandes probabilidades de experimentar bancarrota y desalojo.

A eso se suma que sus hijos experimentaron retrasos en su desarrollo, puntajes más bajos en sus pruebas de aptitud académica y problemas de conducta.

“Eso es directamente atribuible al estrés y la tensión para las madres y sus familias por verse obligadas a llevar un embarazo no deseado”, apuntó Ananat.

Cohodes, por su parte, dice que la pobreza afecta el desempeño de los niños en la escuela y que hay «décadas de investigación en ciencias sociales» para demostrarlo. La investigación ha relacionado directamente los programas contra la pobreza con mejores resultados académicos, incluidos los puntajes de las pruebas y las tasas de graduación.

Embarazos en adolescentes y tasas de graduación

El índice de embarazo en adolescentes en los EE. UU. ha caído durante décadas, y las estadísticas federales demuestran que alcanzaron otro mínimo en 2020.

Las tasas de aborto entre adolescentes han disminuido drásticamente durante el mismo periodo, aunque aumentaron entre 2017 y 2020. También varían profundamente en cada estado, y las adolescentes embarazadas enfrentan restricciones al aborto en muchas partes del país. En varios (pero no en todos) estados donde el acceso al aborto tendrá limitaciones, las tasas de aborto entre adolescentes ya eran bajas.

Eso significa que los cambios drásticos son poco probables. Pero es factible que las nuevas restricciones tengan algún efecto en las tasas de natalidad de adolescentes, señaló Ananat.

“Si la tasa de aborto desciende [más], como se predice, entonces eso provocará que más mujeres [adolescentes] se vean obligadas a llevar un embarazo no deseado. Eso aumentará la presión al sistema escolar”, agregó.

Así, las adolescentes con hijos enfrentarán mayores obstáculos para continuar con su educación.

Un poco más de la mitad de las mujeres que dieron a luz cuando eran adolescentes pudieron culminar su educación secundaria, según un estudio de 2018 realizado por Child Trends, un instituto de investigación no partidista. Eso es en comparación con el 90% de las que no tuvieron hijos.

Conocer con exactitud si es que tener un hijo está asociada a esa cifra, contrario a otros factores, ha sido tema de debate para los expertos. En lo que sí están de acuerdo es que convertirse en padre o madre de familia en la adolescencia no es nada fácil.

De acuerdo con Cohodes, para las mujeres jóvenes que quieren seguir una educación superior, graduarse de la escuela secundaria a tiempo (si es que lo hacen) representa un gran desafío.

“Es muy difícil ver que eso suceda para las mujeres jóvenes que tienen un bebé en una sociedad que no les brinda mucho apoyo”, criticó Cohodes.

Kevin Lang, profesor de economía de la Universidad de Boston, descubrió en un estudio de 2015 —del que es coautor— que las adolescentes embarazadas solteras que dieron a luz entre 1940 y 1968 (antes de Roe) tenían un 16 % más de probabilidades de abandonar la escuela secundaria en comparación con las que abortaron.

Hoy en día, la anticoncepción es más avanzada, las tasas de graduación son más altas y el aborto seguirá siendo accesible para algunos en diversos grados —señaló Lang—, pero la investigación ayuda a anticipar una tendencia general.

Otro desafío: las escuelas pueden carecer del apoyo que las madres adolescentes necesitan para graduarse, especialmente dado el cierre de programas diseñados para ellas en los últimos años.

“Hay estudiantes embarazadas y con hijos ahora y no vemos un apoyo abrumador u opciones para esas estudiantes en el sistema educativo vigente”, manifestó Cohodes.

Fuerza laboral docente

También es probable que las nuevas restricciones al aborto tengan algún efecto en la fuerza laboral docente, ya que aproximadamente tres cuartas partes de los educadores son mujeres y generaría un colapso como resultado del embarazo o la falta de cuidado infantil.

En términos generales, los expertos esperan que las prohibiciones o limitaciones del aborto tengan un mayor impacto en adolescentes, mujeres de bajos ingresos y de color. El personal docente estadounidense tiene educación universitaria y en su mayoría son blancos.

“No va a tener un gran impacto agregado. Lo que se presentará son casos puntuales donde se vea afectada tanto la profesora que no tenía pensado quedar embarazada, como por supuesto, el salón de clases donde tenía pensado dictar ese año”, vaticinó Lang.

Según Ananat, aunque la cantidad de maestros en los estados afectados que estarían obligados a dejar de trabajar probablemente sea modesta, cuando lo hagan será esporádico e impredecible.

Espera que eso solo suponga una presión adicional para los distritos escolares que ya presentan problemas de falta de personal debido a la pandemia.

“Dada la escasez de maestros que muchos lugares están reportando en este momento, incluso la deserción de docentes puede afectar el sistema de salud y podría convertirse en la gota que colma el vaso en algunas situaciones”, dijo Ananat.

Las decisiones de la Corte Suprema a partir de ahora

A partir de la filtración el mes pasado de un borrador que adelantaba la decisión de la Corte Suprema, algunas voces conservadoras y de derecha han sugerido que el máximo tribunal revise otros casos históricos de derechos civiles como Brown v. Board of Education, que prohibió la segregación racial en las escuelas, y Plyer v. Doe, que protege los derechos de los niños indocumentados a recibir educación.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, comentó que le gustaría “resucitar” a Plyler durante una aparición reciente en un programa de entrevistas de corte conservador.

No existe razón para pensar que algunos de esos casos se encuentren bajo riesgo inminente. Brown v. Board, a diferencia de Roe, es un “súper precedente”, aseveró la magistrada Amy Coney Barrett durante sus audiencias de confirmación. Si bien Plyler no tiene ese nivel de consenso, tampoco ha sido un objetivo conservador de larga data.

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Jessica Blake trabaja como pasante en la sala de redacción nacional de Chaklbeat. Su correo electrónico es jblake@chalkbeat.org y su cuenta de Twitter es @JessicaEBlake

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